Jubilación anticipada para discapacitados

El Gobierno está ultimando un decreto para regular la jubilación anticipada, hasta en siete años, de personas que tengan entre un 45 y un 65 por ciento de discapacidad reconocida y una esperanza de vida menor a la del resto de los trabajadores.

Así lo anunció hoy el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, y lo ratificó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados.

El decreto, que podría estar listo antes de fin de año, está ya en manos del Cermi, que, según su presidente, lo comparte en líneas generales.

La normativa afectará sólo a las personas con un grado de discapacidad de entre el 45 y el 65 por ciento porque las que tienen reconocido un grado superior al 65% pueden acogerse a otra modalidad de jubilación anticipada regulada en 2003.

Con respecto a las discapacidades que pueden generar una menor esperanza de vida que la estimada para el resto de los trabajadores, Pérez explicó que todavía no están definidas en su totalidad, pero que entre ellas figurarán las intelectuales y las relacionadas con los trastornos del espectro autista.

Granados y Pérez hicieron este anuncio en la presentación del informe 'La protección de la discapacidad en el sistema de la Seguridad Social: propuestas de mejora', elaborado por el presidente del Cermi y por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE.

En el texto, editado por Fundación Alternativas, los autores apuestan, además de por extender la jubilación anticipada a personas con un 45% de discapacidad reconocida, por flexibilizar la regulación de las pensiones de orfandad de personas con discapacidad para que sean 'plenamente compatibles' con el desarrollo de un trabajo remunerado o con otras pensiones del sistema de Seguridad Social.

Del mismo modo, el documento propone incrementar la cuantía de la asignación económica por hijo a cargo con discapacidad y menor de 18 años, ya que considera que 'sigue siendo escasa', al tiempo que pide una prestación para las familias que tengan a su cargo a una persona con una discapacidad menor del 65% y mayor de 18 años.

En relación con la ley de dependencia, el documento propone aprovechar la evaluación y revisión que por mandato de la propia ley hay que hacer de su implantación y despliegue en 2010 para incardinar esta nueva modalidad de protección social con el sistema de Seguridad Social.

Este decreto parece que saldrá a la luz en diciembre de este año.